El Movimiento Avispa solicita a los Administradores Concursales del Real Zaragoza Carlos Terreu, Jorge Aso y Andrés Jiménez que, a tenor de los datos existentes y del posterior análisis de los mismos, estudien la posibilidad, en virtud del Art. 40.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de recomendar a la juez encargada del concurso la suspensión de las "facultades de administración y disposición" del deudor (en este caso el Real Zaragoza) sobre su patrimonio, que pasarían a estar bajo intervención de los administradores concursales, tal y como ya ha sucedido en el caso de la Real Sociedad donde los administradores fueronapartados de la gestión.
A través de esta medida cautelar, que posibilitaría poner fin a desmanes mayores de los ya cometidos en la economía del club, se lograría un cambio en la gestión imprescindible para evitar la desaparición de la institución. La experiencia de otros clubes españoles que han pasado por el trance del Concurso de Acreedores demuestra que solamente con un cambio radical en la gestión esta figura legal resulta útil para garantizar la continuidad de la entidad. Así, parece imposible que un simple control y supervisión de la gestión por parte de los administradores concursales pueda provocar que las erróneas y negativas decisiones adoptadas por Agapito Iglesias y sus colaboradores se conviertan en aciertos y éxitos en la gestión. Se hace imprescindible generar confianza y complicidad con todos los sectores que rodean al Real Zaragoza, algo que es imposible por quien ha destruido la imagen del club y que con sus actos ha situado a la entidad al borde del precipicio.
Asimismo, también se solicita a los administradores concursales que en el INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL que deberá ser realizado por estos en un plazo de 2-3 meses, se proceda a incluir, tal y como establece el artículo 75.3 de la citada ley, "cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso", y en especial los motivos por los que la SAD ha generado una deuda tan importante en un periodo de tiempo tan corto, teniendo en cuenta los ingentes ingresos generados por venta de futbolistas en estos últimos 5 años de gestión llevada a cabo por Agapito Iglesias, no quedándose en una simple descripción de la situación actual económica de la Sociedad. En este sentido se solicita a los administradores concursales que en el establecimiento del dato real de la deuda de la entidad tengan en cuenta el conjunto de sociedades y entidades que componen lo que podríamos llamar Grupo Real Zaragoza, esto es Real Zaragoza, S.A.D, Zaragoza Real State, S.L., Grupo Esmeralda, S.L. y la Fundación Real Zaragoza.
Recordamos además que, en el caso de que se llegase a calificar el concurso como CULPABLE, algo que sucedería si de acuerdo al artículo 164 de la citada ley la juez encargada del expediente dictase que "hubiera mediado dolo o culpa grave" por parte de los administradores de la sociedad en la "generación (...) del estado de insolvencia" del Real Zaragoza, S.A.D., los administradores podrían llegar incluso a tener que responder con su propio patrimonio de las deudas generadas por la sociedad, para lo cual es necesario que el informe en cuestión sea riguroso y analice en profundidad las causas del desastre económico actual que vive nuestro club.
Por último consideramos imprescindible, que a la mayor brevedad posible, se convoque por parte del Real Zaragoza una Junta Extraordinaria de Accionistas donde se expliquen las causas de este concurso, sus implicaciones y consecuencias y en el que el Consejo de Administración de la entidad de cuenta de su gestión a los 13.650 pequeños accionistas de la entidad. Con el fin de que la Junta General de Accionistas fuese un ejemplo de transparencia e información al aficionado, algo que se echa de menos en el Real Zaragoza, sería deseable que se permitiese la asistencia al mayor número posible de accionistas, para lo cual solicitamos que se rebaje el número mínimo necesario de acciones para participar en la misma.
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